Chile, considerado durante mucho tiempo un modelo de estabilidad en América Latina, atraviesa una profunda transformación política. Las protestas masivas de octubre de 2019, impulsadas por la desigualdad, el alto costo de vida y la falta de acceso a la salud y la educación, sacudieron al país y condujeron a una decisión histórica: la redacción de una nueva constitución.
En 2020, el 78% de la ciudadanía votó en referéndum a favor de la creación de una Convención Constitucional. Este fue un paso sin precedentes: por primera vez en el mundo, la paridad (50% mujeres) y la representación obligatoria de los pueblos indígenas (incluido el mapuche) quedaron consagradas en un órgano constituyente.
El primer borrador de la nueva constitución, propuesto en 2022, fue rechazado en referéndum (62% en contra). Fue criticado por su excesivo radicalismo, incluyendo una propuesta para nacionalizar el cobre y el agua. Esto demostró que la sociedad desea reformas, pero sin una drástica crisis económica. En 2023 se inició un segundo proceso, esta vez bajo la dirección de un consejo más equilibrado. El nuevo borrador, aprobado en diciembre de 2024, priorizó las garantías sociales (salud, vivienda, educación) al tiempo que mantenía una economía de mercado y protegía los derechos de propiedad.
En un referéndum celebrado en octubre de 2025, la nueva constitución fue aprobada por una ajustada mayoría: el 52 % de los votos a favor. Esto representó un compromiso entre las demandas de justicia social y las preocupaciones de los inversionistas. El presidente Gabriel Boric la denominó un «nuevo contrato social».
