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Chile atraviesa una de las sequías más prolongadas de su historia, que ya suma 15 años consecutivos. Las regiones centrales, desde Valparaíso hasta Maule, son las más afectadas. En 2025, el nivel de los embalses en Santiago descendió al 42%, lo que provocó restricciones de agua en 32 municipios.

La Agencia de Agua (ANA) implementó un plan de austeridad de emergencia que prohíbe el lavado de autos, el riego de jardines y el llenado de piscinas. Quienes infrinjan la normativa se enfrentan a multas de hasta 50 UTM (aproximadamente 3,5 millones de pesos). Muchos municipios están implementando el sistema de riego nocturno, que permite el suministro de agua solo durante la noche.

La agricultura se encuentra al borde del colapso. Los agricultores de las regiones de O’Higgins y Maule reportan una reducción del 30% en las cosechas de papa, maíz y uva. Algunas pequeñas explotaciones se ven obligadas a cesar sus operaciones. Esta situación amenaza la seguridad alimentaria y provoca un aumento de los precios.

Las grandes empresas mineras, que consumen hasta el 10% del agua dulce del país, están optando por el agua de mar y el agua reciclada. Codelco y Enaex han invertido miles de millones en plantas desalinizadoras. Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas carecen de estos recursos.

El agua en manos privadas sigue siendo un tema polémico. A pesar de la nueva constitución, aún no se ha implementado una reforma integral del Código de Aguas de 1981. Los activistas exigen la abolición de los “derechos de agua”, que pueden comercializarse como una mercancía.

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Los embotellamientos diarios, el metro saturado y los autobuses impuntuales son una realidad para millones de santiaguinos. A pesar de las inversiones en infraestructura, el sistema de transporte de la capital sigue siendo una fuente de estrés y pérdida de tiempo. El residente promedio de la ciudad invierte 98 minutos al día en sus desplazamientos, el tercer menor tiempo en América Latina después de Bogotá y Lima.

El sistema Transantiago, inaugurado en 2007, no ha cumplido con las expectativas. A pesar de la estandarización de tarifas mediante Bip! y la integración del metro, los autobuses y los tranvías, las rutas siguen siendo inconsistentes y la frecuencia insuficiente, especialmente por las noches y los fines de semana.

El metro, otrora orgullo de Chile, enfrenta el deterioro de su material rodante y estaciones. Si bien muchas estaciones han sido renovadas tras la recuperación de los disturbios de 2019, los pasajeros se quejan de retrasos, particularmente en las líneas 4 y 5, donde los trenes suelen pasar con intervalos de más de 10 minutos. El gobierno ha lanzado el “Plan de Movilidad Sostenible 2025-2030”, que incluye la construcción de dos nuevas líneas de metro (7 y 8), la ampliación de la flota de autobuses eléctricos a 2.000 unidades y la creación de 500 kilómetros de ciclovías.

Uno de los proyectos clave es la línea 7 del metro, que conecta Renca con Vitacura, y que aliviará la congestión en el centro de la ciudad y conectará comunidades de bajos y altos recursos. La construcción comenzó en 2024, pero el plazo se ha retrasado debido a hallazgos arqueológicos en el centro.

Mientras tanto, el uso compartido de vehículos y los minibuses (“colectivos”), que, aunque ilegales, están cubriendo las deficiencias del servicio, están ganando popularidad. Las alcaldías de Santiago y Las Condes están probando la legalización de estos servicios.

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Las tensiones en la región de la Araucanía siguen siendo uno de los problemas más acuciantes de Chile. A pesar de los esfuerzos del gobierno por dialogar, en octubre de 2025 se registraron tres ataques incendiarios contra instalaciones madereras y un ataque contra un puesto de control policial en la comuna de Collipulli. Esto puso de manifiesto la fragilidad de la paz en el sur del país.

El pueblo mapuche, que ha habitado estas tierras durante siglos, exige la restitución de los territorios históricos perdidos en el siglo XIX. Hoy, grandes empresas forestales —Arauco y CMPC— poseen millones de hectáreas de tierra cubiertas por monocultivos de pino y eucalipto, que agotan el suelo y el agua.

El presidente Boric, originario de la región, ha priorizado desde el inicio de su mandato una solución política sobre la fuerza. En 2024, se creó el Consejo de Conciliación de La Araucanía, integrado por jefes tradicionales, alcaldes, la Iglesia y el sector empresarial. Sin embargo, grupos radicales como el CAM (Coordinación Mapuche Araucaniana) se niegan a negociar.

En respuesta a la escalada de violencia, el Congreso aprobó una ley transitoria sobre la “protección de infraestructura crítica”, que autoriza el uso del ejército para la vigilancia de carreteras y centrales eléctricas. Esto provocó protestas de activistas de derechos humanos, quienes recordaron las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura de Pinochet.

Mientras tanto, la Secretaría de Tierras y Urbanización ha acelerado la transferencia de tierras a las comunidades. Se transfirieron más de 50.000 hectáreas entre 2024 y 2025. No obstante, el proceso sigue siendo lento, con cientos de solicitudes pendientes.

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Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la inflación en Chile en octubre de 2025 fue del 2,9% interanual, dentro del rango objetivo del Banco Central de 2-4%. Sin embargo, para muchas familias, esto no es suficiente consuelo: los precios de los alimentos básicos —pan, leche, carne y verduras— se mantienen en máximos históricos.

Durante el año, el precio del pan aumentó un 18%, el del pollo un 22% y el del tomate casi un 35%. Este incremento se debe no solo a las tendencias globales, sino también a factores internos: la sequía en las regiones centrales, el aumento de los costos logísticos y la monopolización de los canales de distribución por parte de grandes cadenas minoristas (Cencosud, Walmart Chile).

El Ministerio de Economía ha lanzado un “Plan de Precios Justos” con el objetivo de fortalecer los controles contra los cárteles en el sector alimentario. El Servicio de Inversiones de Chile (SII) y el Servicio Nacional de Protección al Consumidor (SERNAC) han recibido facultades adicionales para realizar inspecciones. Al mismo tiempo, se expande la red de ferias populares, donde los productores venden directamente a los consumidores. En Santiago, su número ha aumentado de 12 a 45 en dos años. En estas ferias, los precios de las frutas y verduras son entre un 30 % y un 50 % más bajos que en los supermercados.

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El 1 de enero de 2026, fecha histórica en la que entró en vigor la nueva constitución de Chile, aprobada por voto popular en octubre de 2025, se convirtió en ley fundamental. Tras seis años de debate público, dos intentos y una profunda crisis social, el país adquirió una ley fundamental destinada a fortalecer los derechos sociales y mantener la estabilidad económica.

La principal innovación radica en la consagración, en la Ley Básica, del derecho a la salud, la educación, la vivienda y una pensión digna. A diferencia de la anterior constitución de 1980 (heredada de la dictadura de Pinochet), el nuevo texto proclama a Chile como un “Estado socioecológico” encargado de reducir la desigualdad. Para los ciudadanos, esto significa que el Estado está ahora legalmente obligado a invertir en la mejora del sistema Fonasa, ampliar el acceso a la educación superior gratuita y fortalecer el control de alquileres en las principales ciudades, especialmente en Santiago, donde los precios de la vivienda aumentaron un 45% en cinco años.

Los recursos hídricos han sido declarados “bien nacional”. Esto no implica una nacionalización inmediata, sino que prioriza el acceso de los residentes y la agricultura sobre las empresas mineras. Esto es especialmente importante para las regiones afectadas por la sequía (Coquimbo, Valparaíso).

Por primera vez, la constitución reconoce los derechos de los pueblos indígenas: mapuche, aymara, rapanui y otros. Se les garantiza la participación en la toma de decisiones sobre sus territorios, así como la protección de sus lenguas y patrimonio cultural. Esto representa un paso hacia la reconciliación tras décadas de conflicto en el sur del país.

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