El 1 de enero de 2026, fecha histórica en la que entró en vigor la nueva constitución de Chile, aprobada por voto popular en octubre de 2025, se convirtió en ley fundamental. Tras seis años de debate público, dos intentos y una profunda crisis social, el país adquirió una ley fundamental destinada a fortalecer los derechos sociales y mantener la estabilidad económica.
La principal innovación radica en la consagración, en la Ley Básica, del derecho a la salud, la educación, la vivienda y una pensión digna. A diferencia de la anterior constitución de 1980 (heredada de la dictadura de Pinochet), el nuevo texto proclama a Chile como un “Estado socioecológico” encargado de reducir la desigualdad. Para los ciudadanos, esto significa que el Estado está ahora legalmente obligado a invertir en la mejora del sistema Fonasa, ampliar el acceso a la educación superior gratuita y fortalecer el control de alquileres en las principales ciudades, especialmente en Santiago, donde los precios de la vivienda aumentaron un 45% en cinco años.
Los recursos hídricos han sido declarados “bien nacional”. Esto no implica una nacionalización inmediata, sino que prioriza el acceso de los residentes y la agricultura sobre las empresas mineras. Esto es especialmente importante para las regiones afectadas por la sequía (Coquimbo, Valparaíso).
Por primera vez, la constitución reconoce los derechos de los pueblos indígenas: mapuche, aymara, rapanui y otros. Se les garantiza la participación en la toma de decisiones sobre sus territorios, así como la protección de sus lenguas y patrimonio cultural. Esto representa un paso hacia la reconciliación tras décadas de conflicto en el sur del país.
