Las tensiones en la región de la Araucanía siguen siendo uno de los problemas más acuciantes de Chile. A pesar de los esfuerzos del gobierno por dialogar, en octubre de 2025 se registraron tres ataques incendiarios contra instalaciones madereras y un ataque contra un puesto de control policial en la comuna de Collipulli. Esto puso de manifiesto la fragilidad de la paz en el sur del país.
El pueblo mapuche, que ha habitado estas tierras durante siglos, exige la restitución de los territorios históricos perdidos en el siglo XIX. Hoy, grandes empresas forestales —Arauco y CMPC— poseen millones de hectáreas de tierra cubiertas por monocultivos de pino y eucalipto, que agotan el suelo y el agua.
El presidente Boric, originario de la región, ha priorizado desde el inicio de su mandato una solución política sobre la fuerza. En 2024, se creó el Consejo de Conciliación de La Araucanía, integrado por jefes tradicionales, alcaldes, la Iglesia y el sector empresarial. Sin embargo, grupos radicales como el CAM (Coordinación Mapuche Araucaniana) se niegan a negociar.
En respuesta a la escalada de violencia, el Congreso aprobó una ley transitoria sobre la “protección de infraestructura crítica”, que autoriza el uso del ejército para la vigilancia de carreteras y centrales eléctricas. Esto provocó protestas de activistas de derechos humanos, quienes recordaron las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura de Pinochet.
Mientras tanto, la Secretaría de Tierras y Urbanización ha acelerado la transferencia de tierras a las comunidades. Se transfirieron más de 50.000 hectáreas entre 2024 y 2025. No obstante, el proceso sigue siendo lento, con cientos de solicitudes pendientes.
