Económicamente, Chile sigue dependiendo de las exportaciones de cobre, que representan aproximadamente el 50 % de sus ingresos en divisas. La caída de los precios mundiales y las restricciones ambientales amenazan el presupuesto, lo que dificulta el cumplimiento de las obligaciones sociales.
La política exterior de Chile se mantiene pragmática: el país está fortaleciendo sus lazos con China (el principal comprador de cobre) y, simultáneamente, participa en la Alianza del Pacífico con Colombia, México y Perú, alineada con Estados Unidos.
En el ámbito interno, la influencia de los movimientos regionales va en aumento. El pueblo mapuche es particularmente activo en el sur, donde exige autonomía y la restitución de sus tierras. Los conflictos con las empresas madereras y las fuerzas de seguridad siguen siendo un punto conflictivo.
A pesar de estas tensiones, las instituciones democráticas chilenas demuestran resiliencia. Las elecciones libres, un poder judicial independiente y una sociedad civil activa permiten que los conflictos se resuelvan dentro del marco legal.
Chile es hoy un laboratorio para la democracia en una era de crisis de desigualdad. Su trayectoria demuestra que el diálogo constitucional es posible incluso en condiciones de profunda desconfianza hacia las élites. El éxito de la nueva constitución dependerá de su implementación práctica y de la capacidad del gobierno para cumplir sus promesas.
