Sin embargo, muchas disposiciones son de carácter declarativo. Se espera que se aprueben leyes específicas en los próximos dos años. El gobierno del presidente Gabriel Boric ya ha presentado una hoja de ruta para su implementación, que incluye la reforma del sistema de pensiones y la creación de un Ministerio de Vivienda.
El sector empresarial ha expresado un apoyo cauteloso. La nueva constitución preserva los derechos de propiedad privada y la economía de mercado, pero introduce la «responsabilidad social» para los propietarios. Esto disipa las preocupaciones de los inversionistas que temían un giro radical. El sistema judicial también se está reformando: se está creando una Corte Constitucional, independiente de la Corte Suprema, y se están fortaleciendo las garantías a la independencia judicial. Esto debería aumentar la confianza en el poder judicial, que es una de las instituciones peor valoradas en la encuesta CADEM.
Las instituciones educativas están obligadas a incluir la nueva constitución en el currículo escolar. El Ministerio de Educación ya ha elaborado materiales didácticos para los docentes. El objetivo es formar una nueva generación de ciudadanos que comprendan sus derechos y responsabilidades.
Ahora todo depende de la implementación. Como dijo el propio presidente Boric: «La Constitución no es una varita mágica, sino una herramienta. Su eficacia se determinará no por sus artículos, sino por sus acciones». Para millones de chilenos, este es el comienzo de una nueva era, pero una era de responsabilidad, no de expectativas.
