El gobierno también impuso un impuesto temporal a la exportación de ciertos cultivos agrícolas (como papas y cebollas) para estabilizar la oferta interna. Esta decisión generó controversia entre los agricultores, pero contó con el apoyo de las cooperativas de consumo.
Los pensionistas son los más afectados. La pensión promedio de la Solidaria Básica ronda los 150 000 pesos, apenas suficiente para cubrir los servicios básicos y los medicamentos. Un aumento del 10 % en las pensiones a partir de enero de 2026 —incluido en el presupuesto de ese año— ayudará, pero no resolverá el problema por completo. Expertos de la Universidad de Chile señalan que el problema estructural radica en la excesiva dependencia de las importaciones. Por ejemplo, el 40 % de los productos lácteos se importan de Argentina y Nueva Zelanda. Cualquier fluctuación en el tipo de cambio del peso se refleja inmediatamente en los precios. En respuesta a las críticas, las grandes cadenas han comenzado a introducir “canastas sociales”: conjuntos de 20 productos básicos a precio fijo. Por ahora, la iniciativa solo se aplica en las grandes ciudades, pero se planea extenderla a las regiones.
Los sindicatos y las organizaciones públicas exigen la introducción de un “tope de precios” para los productos básicos, como se implementó en Argentina. Sin embargo, el Ministerio de Economía se resiste, por temor a la escasez y al auge del mercado negro.
Por ahora, los chilenos se están adaptando: compran menos, eligen alternativas más económicas y organizan compras grupales. Pero sin reformas estructurales —en agricultura, logística y política antimonopolio— el alivio será temporal. Como lo expresa un residente de Peñalonco: “No necesitamos estadísticas; vemos los precios en la tienda”.
