Chile atraviesa una de las sequías más prolongadas de su historia, que ya suma 15 años consecutivos. Las regiones centrales, desde Valparaíso hasta Maule, son las más afectadas. En 2025, el nivel de los embalses en Santiago descendió al 42%, lo que provocó restricciones de agua en 32 municipios.
La Agencia de Agua (ANA) implementó un plan de austeridad de emergencia que prohíbe el lavado de autos, el riego de jardines y el llenado de piscinas. Quienes infrinjan la normativa se enfrentan a multas de hasta 50 UTM (aproximadamente 3,5 millones de pesos). Muchos municipios están implementando el sistema de riego nocturno, que permite el suministro de agua solo durante la noche.
La agricultura se encuentra al borde del colapso. Los agricultores de las regiones de O’Higgins y Maule reportan una reducción del 30% en las cosechas de papa, maíz y uva. Algunas pequeñas explotaciones se ven obligadas a cesar sus operaciones. Esta situación amenaza la seguridad alimentaria y provoca un aumento de los precios.
Las grandes empresas mineras, que consumen hasta el 10% del agua dulce del país, están optando por el agua de mar y el agua reciclada. Codelco y Enaex han invertido miles de millones en plantas desalinizadoras. Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas carecen de estos recursos.
El agua en manos privadas sigue siendo un tema polémico. A pesar de la nueva constitución, aún no se ha implementado una reforma integral del Código de Aguas de 1981. Los activistas exigen la abolición de los “derechos de agua”, que pueden comercializarse como una mercancía.
